La Directiva para consumidores y usuarios está regulada en España a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Las continuas modificaciones afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas.
En España, los gobiernos locales aplican la Directiva sobre los derechos de los consumidores. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) contienen reglas para la aplicación de esta Directiva, que regulan las obligaciones de las empresas respecto de la ejecución de la protección de consumidores y usuarios, y detallan las consecuencias de las infracciones jurídicas.
Alemania, Inglaterra, Francia y Austria también han adoptado una nueva legislación con el objeto de garantizar la transposición de las Directivas al derecho local. En estos países, la Directiva o bien ya ha sido transpuesta o bien lo será en breve. Suiza y Polonia están elaborando la legislación necesaria para transponer la Directiva en un futuro próximo.
Con la creciente popularidad del comercio electrónico como modalidad de venta, regularmente entran en vigor nuevas legislaciones por las cuales se crean nuevas disposiciones legales para las pequeñas y medianas empresas que deben tenerse en cuenta. En España, las disposiciones legales entran en vigor a través de una aplicación y un control más estrictos, ya que es necesario ofrecer más información al consumidor. Todas estas modificaciones implican la adaptación constante de las empresas españolas para respetar las nuevas disposiciones legales. Uno de los mayores retos para dichas empresas es el de la adaptación a las Leyes de Defensa de Consumidores y Usuarios y de Protección de Datos, sin dejar de ser competitivas y garantizando en todo momento los envíos de mercancías a los consumidores.
La Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios obliga a las empresas españolas a cumplir con el objeto del contrato en un plazo de 30 días. También se establece que el proceso de pago, suministro y cumplimiento del contrato, incluyendo la fecha en la que se obliga la empresa a suministrar la mercancía o realizar el servicio, debe recogerse de forma clara y comprensible en las condiciones del contrato que se presentarán al consumidor antes de la celebración del contrato.
El derecho de suministro de mercancías y servicios es muy similar en los países citados anteriormente (Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia, Polonia y Austria). Las empresas pueden actuar de manera diferente en lo que respecta a costes de envío, recogida o devolución. Por otro lado, las empresas pueden contemplar diferentes tiempos de entrega, siempre y cuando el consumidor hubiera recibido información exhaustiva sobre la recogida y la devolución, antes de la celebración del contrato.
En la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios española existe el derecho de retractación o desistimiento. El vencimiento del plazo de desistimiento se produce a los 14 días de que el consumidor se encontrara en posesión efectiva de la mercancía. Si el consumidor hubiera solicitado varios productos a la vez, el plazo de desistimiento comenzará tras el suministro del último de ellos.
A diferencia de Inglaterra, Francia, España y Austria, en Alemania, Suiza y Polonia no existe una legislación clara sobre el derecho de retractación. En última instancia el plazo de desistimiento comienza con el primer suministro exitoso de la mercancía o producto. En caso de solicitud de varios productos, el plazo de desistimiento comienza tras la entrega del último producto.
Algunas mercancías quedan excluidas, tanto en España como en los países mencionados, del derecho de retractación, a saber, los alimentos y medicamentos. Polonia no tiene establecida una normativa clara en lo que a medicamentos se refiere, en primer lugar porque la venta online de estos productos no es frecuente.
La regulación sobre el derecho de retractación en la compra de ropa interior es poco clara y sorprende que, por razones de higiene, este artículo no esté excluido del derecho de retractación. En Francia, la decisión última de aceptar devoluciones de ropa interior corresponde al vendedor.
Ninguno de los países mencionados excluye el perfume del derecho de retractación.
En España, las empresas pueden desviarse de la Ley y prolongar el plazo de devolución. Los comerciantes exigen por norma general la devolución del producto o mercancía en buen estado y en el embalaje original. Sin embargo, se trata de una interpretación literal de la Ley del Consumidor, donde el ejercicio del derecho de retractación resulta desproporcionado. En Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia, Polonia y Austria, los vendedores no pueden exigir la devolución en el embalaje original, aunque generalmente se haga. Aunque en Inglaterra, la falta de embalaje original o el embalaje en mal estado pueden implicar una disminución del importe del producto a devolver.
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