La LAU no impone restricciones a las garantías adicionales en los contratos de alquiler comercial en España. Esto permite a las partes negociar las condiciones de forma personalizada.
En España los alquileres comerciales no están sujetos a una regulación tan estricta como la de los alquileres de vivienda, y dejan a la voluntad de las partes un papel central a la hora de formalizar los contratos correspondientes. Sin embargo, la LAU contempla algunas disposiciones específicas que se deben tener en cuenta.
En España, es práctica común suscribir un contrato de arras en el marco de cualquier operación de compraventa inmobiliaria. La figura de las arras, confirmatorias, penales y penitenciales, dan seguridad jurídica a la transacción y reflejan niveles de compromiso diferentes.
Aunque en España, la propiedad ha sido tradicionalmente la forma predominante de tenencia de viviendas, la demanda de alojamientos en alquiler está aumentando rápidamente, originando nuevos modelos de inversión inmobiliaria. Build to rent, rent to rent, coliving y serior living, son claros ejemplos de ello.
La explotación de alquileres turísticos en España exige un cuidadoso estudio de las restricciones existentes. Tanto los poderes públicos, en concreto las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, como las comunidades de propietarios, pueden imponer obligaciones, limitaciones y prohibiciones a estas actividades.
Frente a coproprietarios u ocupantes molestos o morosos, la Ley de Propiedad Horizontal en España pone al alcance de la Comunidad de Propietarios dos acciones específicas. Una de ellas es el proceso monitorio especial.
Frente a coproprietarios u ocupantes molestos o morosos, la Ley de Propiedad Horizontal en España dispone de dos acciones específicas a las que puede recurrir la Comunidad de Propietarios. Una de ellas es la acción de cesación.
El propietario que considere que una decisión de la Junta de Propietarios de la Comunidad de Propietarios a la que pertenece es claramente lesiva para sus intereses o le supone un grave perjuicio que no tenga el deber de soportar, podrá impugnarla por vía judicial.
El régimen de propiedad horizontal se establece per se por la división de un inmueble entre varios propietarios. Sin embargo, la constitución del mismo mediante título y su regulación mediante estatutos o reglamento interno permite contemplar las necesidades particulares de cada comunidad de propietarios.
Al margen de la responsabilidad del sujeto pasivo (arrendador) frente a la Administración, y de la mayor o menor justificación lógica de a quién debiera corresponder el pago de gastos y tasas vinculados al arrendamiento (comunidad y suministros, basuras), en España rige la libertad de pactos para repercutirlos al arrendatario.
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