En España, una vez que los Certificados de Ahorro Energético (CAE) han sido validados y correctamente inscritos en el Registro Nacional de Certificados de Ahorro Energético, pueden ser objeto de compraventa.
El contenido mínimo del Convenio CAE, destinado a la adquisición o cesión de un ahorro energético por parte de un sujeto delegado o un sujeto obligado, se fija en la Orden TED/815/2023, de 18 de julio, que desarrolla parcialmente el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, regulador del sistema de Certificados de Ahorro Energético en España.
El RD 184/22 establece un nuevo marco legislativo para aquellas empresas que quieran introducirse en el mercado español como proveedores de servicios de recarga de vehículos eléctricos. Esto incluye una serie de obligaciones y derechos en la prestación de dichos servicios.
Los despachos de abogados desempeñan un papel relevante como agentes escrow. Brindan agilidad, seguridad, confianza y ahorro de costes en las transacciones entre empresas.
La aprobación de la normativa temporal por parte de la UE y el Gobierno de España para agilizar la tramitación de las DIA (declaración de impacto ambiental) suponen un importante incentivo para impulsar el desarrollo de proyectos de energía renovable en España.
El CBD carece de regulación específica en España y se rige por los convenios internacionales y la fiscalización que de dicha sustancia hace la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS).
La Circular 1/2021 de 20 de enero de la CNMC desarrolla un marco normativo cuyo objetivo primordial es facilitar el acceso a la red de los productores de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de almacenamiento de energía. En concreto, suprime las trabas que pudieran impedir el acceso a nuevos agentes del mercado y de electricidad procedente de fuentes de energía renovables.
El Real Decreto-ley 23/2020 aprueba un nuevo marco en el que se especifican y contemplan una serie de hitos en el desarrollo de los proyectos energéticos en España. Destaca un mayor grado de cumplimiento y certidumbre para el mercado energético, que sin embargo implica un mayor nivel de riesgo para desarrolladores e inversores.
Los proyectos fotovoltaicos en España requieren de una fase previa a la construcción. La fase I consiste en la prestación de unos “servicios de desarrollo” basados en la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para iniciar la ejecución de la planta.
Los parques fotovoltaicos en España requieren de varios requisitos legales, entre los que se encuentran asegurar los derechos de los terrenos donde éstos se ubiquen, solicitar los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica o depositar los avales.
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