La homologación judicial de un plan de reestructuración se erige como un instrumento crucial para el deudor, permitiéndole blindarse en diversos aspectos que resultan esenciales para garantizar su supervivencia.
En lo que se refiere a la resolución de contratos con obligaciones recíprocas en el marco de la declaración del concurso, la normativa en España distingue entre los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por una de las partes y los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por ambas partes.
La comunicación del crédito por parte del acreedor extranjero debe realizarse en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE de la declaración del concurso y debe efectuarse, por regla general, en castellano. Aunque no está obligado a ello, es recomendable que el acreedor extranjero efectúe dicha comunicación a efectos de su calificación y posterior satisfacción.
La declaración del concurso en España conlleva su consideración como “concurso principal”. Ello implica que comprende todos los bienes del deudor, independientemente de si se encuentran o no en España y que será, salvo determinadas excepciones, será aplicable la ley española.
La normativa concursal en España enumera las conductas que determinan la responsabilidad de los administradores en el concurso. Entre las consecuencias de tales conductas figuran la inhabilitación, la pérdida de derechos asociados a la posición de acreedor concursal o la condena a cubrir el déficit concursal.
En tiempos de la pandemia COVID 19, el arbitraje resalta como una alternativa útil para la resolución de los conflictos jurídicos entre empresas, frente a la jurisdicción ordinaria, la cual ha sufrido una ralentización evidente en sus procesos y no brinda una respuesta rápida y eficaz a los operadores del mercado, ante el colapso de sus órganos judiciales y las deficiencias generales del proceso.
Las aportaciones no reintegrables de socios constituyen un mecanismo eficaz e inmediato para inyectar fondos en una sociedad. Su finalidad puede ser la de reequilibrar el patrimonio social, proveer de liquidez a la sociedad, o acometer algún proyecto concreto. A diferencia de los aumentos de capital, no requieren de formalización en escritura pública, ni de inscripción en el Registro Mercantil.
En la siguiente nota informativa abordamos el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, y se efectúa una revisión de su estructura y principales características.
Nota informativa sobre el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, especialmente en lo relativo a las medidas en materia concursal.
La Ley Concursal en España obliga a las empresas en estado de insolvencia, es decir aquellas que no pueden hacer frente a sus pagos, a solicitar la declaración del concurso de acreedores.
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