La modificación de estatutos sociales es una situación habitual en la vida de cualquier sociedad mercantil que consiste en la adaptación de su norma básica de organización y funcionamiento a los cambios experimentados por la sociedad.
El artículo 348 bis reconoce a los socios el derecho de separación por falta de reparto de dividendos. Este artículo resuelve el caso concreto de un accionista que pretendía separarse de la sociedad y que no mostró su postura de forma explícita en la junta. Y analiza si podía ejercer su derecho a separarse de la sociedad o si debería haber mostrado su opinión en la junta de accionistas.
La disolución de sociedades de capital en base a la paralización de los órganos sociales es una cuestión a analizar en cada caso concreto ya que las exigencias legales para aplicar esta medida son diferentes según el estado en el que se encuentre la sociedad.
Se entiende por administrador cualquier persona física o jurídica, que de forma directa o por representación, ejerce las funciones de gestión o administración de una sociedad.
El derecho del accionista a solicitar información sobre la sociedad es un derecho fundamental. Sin embargo, no se trata de un derecho ilimitado o absoluto. En este sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo en distintas Sentencias.
La carta de intenciones es un documento escrito que sirve de punto de partida a las operaciones de fusiones y adquisiciones. Entre las cláusulas principales más habituales figuran los términos de la operación, la exclusividad, la confidencialidad y la auditoría legal.
El contrato de compraventa de acciones o participaciones sociales es un documento que establece las condiciones que regirán la transmisión de la sociedad mercantil y se aplica a todas las formas de sociedades no cotizadas.
Aunque con carácter general una compraventa de activos puede quedar sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), la transmisión de una verdadera rama de actividad o negocio en España tiene una tributación flexible.
La asistencia financiera viene regulada en España en la Ley de Sociedades de Capital, artículo 143 para las sociedades limitadas y 150 para las sociedades anónimas. La prohibición actual impide que una sociedad pueda contribuir financieramente a la adquisición por parte de un tercero de sus propias acciones o participaciones.
Entre las garantías contractuales exigibles personales destaca el aval bancario a primer requerimiento. En este tipo de garantía, una entidad bancaria se compromete a responder del cumplimiento de una obligación, de forma automática e inmediata, y sin poder exigir una prueba fehaciente del incumplimiento.
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