Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 32/2021 el pasado 31 de diciembre de 2021, todos los contratos se presumen indefinidos y desaparece la posibilidad de celebrar contratos para obra o servicio determinado.
Aquellas empresas extranjeras que deseen expandir su negocio en España puede optar por la creación de una filial o la apertura de de una sucursal, entre otas alternativas.
Los derechos de los accionistas minoritarios en España incluyen, entre otros, obtener documentación e información, solicitar la presencia de un notario en la junta o darse de baja de la sociedad.
Aprovechando la convalidación de la ley relativa al teletrabajo se ha modificado el artículo 40 de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Este apartado entrará en vigor el 1 de octubre de 2021 (D.F. 14.ª Ley 10/2021, de 9 de julio) sin efectos retroactivos.
Las cláusulas del contrato de arras recogen las condiciones de la futura operación inmobiliaria. Entre otros: la descripción del inmueble, la identificación de las partes o las condiciones de la compraventa.
Inagotable, autóctona, limpia, segura, compatible y adaptable son sólo algunas de las características de la energía eólica; una importante fuente de energía para la transición ecológica europea y mundial y para la que España lidera la producción.
El contrato de arrendamiento con opción de compra es un contrato de arrendamiento ordinario que implica el derecho unilateral del arrendatario a comprar la propiedad por un precio fijo o determinable después de un determinado período de tiempo.
En España y al amparo de lo establecido en el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas tienen la facultad de controlar a sus trabajadores. Los nuevos avances técnicos y tecnológicos, sin embargo, limitan dicho poder en función de las formas de control adoptadas.
Para poner freno a la insolvencia, España pone a disposición de las empresas una serie de medidas económicas, laborales, contractuales, societarias, procesales y fiscales. Se suman a ellas nuevas medidas económicas y procesales derivadas de la legislación Covid-19.
En España, la tendencia a la digitalización del derecho de sociedades introducida por la reforma de la Ley de Sociedades de Capital de 2011 se ha visto impulsada con nuevos mecanismos para la digitalización de las empresas.
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