Con el objetivo de dinamizar el mercado inmobiliario en España, surge en el año 2009 la figura de la SOCIMI. Se trata de sociedades anónimas cotizadas que desarrollan como actividad principal la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento.
La figura del promotor no se encontraba definida en la legislación española hasta la entrada en vigor de la LOE. El Artículo 9 establece qué se entiende por promotor y cuáles son sus obligaciones, mientras que el artículo 17 determina su régimen de responsabilidad civil.
La LOE establece en su artículo 8 que todas las personas intervinientes en un proceso de edificación serán consideradas agentes de la edificación. Cabe preguntarse quienes gozan de tal condición, así como cuáles son los distintos tipos de agentes de la edificación en España.
El arbitraje, como alternativa a los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos, cuenta con unas características que la hace muy recomendable. Sus ventajas son, por un lado, la agilidad del procedimiento, por otro la libertad que ofrece para elegir elementos como el idioma del procedimiento, el lugar en el que tendrá lugar o la normativa aplicable al mismo, entre otros.
Las recientes sentencias sobre cláusulas abusivas obligan a instituciones y profesionales que ofertan préstamos personales a consumidores establecidos en España a revisar y adecuar el clausulado a los márgenes jurídicos.
Las últimas sentencias del Tribunal Supremo validan las pruebas de videovigilancia bajo determinadas circunstancias y cumpliendo determinados requisitos formales, tales como la proporcionalidad y la información al trabajador, como causa justa para el despido disciplinario.
Las cláusulas penales en la contratación mercantil son obligaciones accesorias previstas en la contratación mercantil. Su uso, cada vez más frecuente, tiene como finalidad asegurar el cumplimento de la obligación principal de forma que su incumplimiento permita el resarcimiento a través de la cláusula penal.
La transmisión de empresas en España debe realizarse con la máxima cautela, respetando todos los aspectos legales y garantizar un futuro seguro a la empresa adquirente. En este sentido, no se deben olvidar las garantías sociales recogidas en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal español, una empresa es responsable de las infracciones cometidas tanto por sí misma como por aquellas personas que actúan en su nombre, a menos que pueda demostrar que ha establecido los mecanismos necesarios para evitar un comportamiento ilícito.
Con la reforma del código penal y la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las funciones de supervisión y gestión del cumplimiento normativo, en manos del compliance officer, adquieren una relevancia muy significativa para las empresas.
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