La publicidad de productos sanitarios en España está altamente regulada para garantizar la seguridad y protección de los consumidores. Las empresas del sector deben conocer y cumplir con los requisitos legales para evitar sanciones y asegurar una comunicación responsable y efectiva.
En el contexto de la contratación pública en España, las Uniones Temporales de Empresas (UTE) están reguladas por el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En el sistema CAE, el “sujeto delegado” es el agente que puede asumir, por delegación, los objetivos de ahorro energético de los sujetos obligados. Este artículo aborda los requisitos que debe cumplir cualquier persona jurídica para obtener la acreditación como sujeto delegado.
La realización de las actividades de fabricación e importación de productos cosméticos en España requiere el cumplimiento de ciertos requisitos de carácter regulatorio y técnico, que deben acreditarse ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante la presentación de una declaración responsable.
En línea con la estrategia europea para aumentar la producción y uso de energía renovable, la Comisión Europea ha promovido el uso de electricidad de origen renovable en la producción de combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico, como el hidrógeno. Para ello, ha definido los requisitos que deben reunir el hidrógeno y otros combustibles basados en hidrógeno para ser considerados “verdes”, reduciendo parte de la incertidumbre legal existente.
El autoconsumo es la forma en la que una persona o empresa se abastece de energía eléctrica a través de una instalación propia, en lugar de comprarla a un proveedor. El autoconsumo colectivo es una modalidad en la que varias personas o empresas comparten una instalación fotovoltaica y se benefician de la energía generada, sin tener que constituirse como comercializadoras.
La realización de inversiones en España por inversores extranjeros requiere, en general, el cumplimiento de ciertos requisitos de carácter administrativo y, en algunos casos, la obtención de una autorización previa.
La Ley de Contratos del Sector Público en España regula varios procedimientos a través de los cuales un órgano de la contratación puede adjudicar un contrato público. Uno de estos procedimientos es el negociado, que faculta a los licitadores a negociar con la Administración en los términos establecidos por los pliegos reguladores del concreto concurso público.
Antes de presentarse a un concurso público en España, los licitadores deben conocer cuáles son los requisitos legales con los que deberán cumplir. Entre otros, la Ley de Contratos del Sector Público impone la acreditación de su solvencia económica y financiera. Esta condición, que se concreta en los pliegos del concurso público, puede cumplirse con medios del propio licitador o con medios de un tercero.
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