Durante el procedimiento concursal, se podrá abrir la “Sección Sexta” o pieza de calificación del concurso, en la que se determinará si el concurso es culpable o no, así como la responsabilidad de los administradores sociales. Analizamos si es posible atribuir esta responsabilidad a la sociedad matriz.
La Ley Concursal en España regula los aspectos básicos y los plazos en que las empresas deben solicitar el concurso de acreedores, cuando su situación no les permite hacer frente a sus obligaciones de pago.
A raíz del decreto del estado de alarma, el Gobierno de España ha aprobado a un paquete de medidas en materia laboral (mediante la facilitación de la suspensión de contratos de trabajo) y solicitud de concurso de acreedores, de forma que las empresas puedan hacer frente a su falta de liquidez.
En España, la Ley Concursal prevé la tramitación de un concurso de acreedores express para aquellas empresas que no posean bienes ni activos (o que sean de carácter residual), con el correspondiente ahorro de tiempo y costes que podría suponer la tramitación de un concurso ordinario.
El Real Decreto-Ley 8/2020 modifica determinadas obligaciones de los administradores sociales cuando concurra causa legal o estatutaria de disolución o la sociedad se encuentre en estado de insolvencia.
El Real Decreto-ley 8/2020 introduce modificaciones en cuanto a los plazos para la solicitud de declaración de concurso de acreedores en España, ya sea voluntario o necesario. Y faculta a los jueces para la inadmisión de solicitudes de concurso, hasta dos meses después de la finalización del estado de alarma.
La ley 22/2003 prevé en sus artículos 61 y siguientes los efectos de la resolución contractual en el marco del procedimiento concursal. La ley otorga distintos mecanismos a las partes para garantizar la supervivencia de la empresa concursada y el derecho de cobro de sus acreedores.
Cuando los socios de una filial en España deciden cerrarla por causas económicas, se plantea la cuestión de cómo hacerlo. Dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, se podrá optar por disolver y liquidar la empresa dentro del concurso de acreedores o fuera del mismo.
La ejecución infructuosa del acreedor consiste en la existencia de un título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago de su crédito.
A través de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación el poder legislativo pretende facilitar los acuerdos de refinanciación entre deudores y acreedores, para garantizar la viabilidad y evitar el concurso, liquidación y extinción definitiva de la empresa.
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