La Ley del contrato de agencia en España no regula de forma expresa el pacto o cláusula de exclusividad entre empresario y agente. Por ello, es importante que las partes negocien adecuadamente esta cláusula para poder evitar problemas futuros.
La finalidad de este artículo es dar una respuesta a la inseguridad jurídica de muchos empresarios extranjeros a la hora entablar relaciones comerciales con empresas españolas así como a la falta de conocimiento sobre la legislación concursal vigente.
La distribución, basada en la compra de productos a un proveedor y su reventa por un distribuidor con una red de clientes locales, es una alternativa eficaz a la hora de introducirse en un nuevo mercado.
El contenido de un contrato de distribución depende, entre otras cosas, del territorio establecido para sus efectos y de las obligaciones de exclusividad que incluya. En el caso de un contrato internacional, cuyos bienes o servicios van a comercializarse en España, los términos del acuerdo deberán ajustarse al derecho comunitario y a la regulación española.
La sociedad civil es un contrato mediante el que dos o más personas acuerdan poner en común un capital, con el propósito de emprender una actividad empresarial y repartir las ganancias. Se trata de una figura obsoleta y poco frecuente en el tráfico mercantil español, por lo que en numerosas ocasiones resulta necesario transformarla en una sociedad limitada o anónima.
Las cláusulas penales en la contratación mercantil son obligaciones accesorias previstas en la contratación mercantil. Su uso, cada vez más frecuente, tiene como finalidad asegurar el cumplimento de la obligación principal de forma que su incumplimiento permita el resarcimiento a través de la cláusula penal.
España ofrece muchas oportunidades de inversión a los inversores extranjeros: desde la apertura de un nuevo negocio, la inversión en uno ya establecido, la creación de una filial o la creación de un negocio de franquicia.
La lucha contra el blanqueo de capitales está enfocada a erradicar el lavado de fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas. Quedan obligados a cumplir la normativa nacional e internacional no sólo las entidades de crédito, empresas de servicio de inversión, sino también notarios, abogados y procuradores.
La utilización de los servicios de un agente comercial supone para las empresas una fórmula rentable y eficaz a la hora de lanzarse a la exportación de sus bienes y servicios o de abrirse a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.
Previa a la transmisión de una empresa en España, es recomendable realizar una due diligence que permita analizar los aspectos jurídicos, legales y financieros del bien a adquirir, evitando sorpresas y riesgos innecesarios que, de otro modo, se considerarían negligencia del comprador.
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