La realización de las actividades de fabricación e importación de productos cosméticos en España requiere el cumplimiento de ciertos requisitos de carácter regulatorio y técnico, que deben acreditarse ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante la presentación de una declaración responsable.
El CBD carece de regulación específica en España y se rige por los convenios internacionales y la fiscalización que de dicha sustancia hace la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS).
En España, la legislación para la comercialización de determinados productos cosméticos exige una autorización sanitaria previa por parte de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS). ¿Conoces la documentación y requisitos necesarios?
La Ley de Contratos del Sector Público en España regula varios procedimientos a través de los cuales un órgano de la contratación puede adjudicar un contrato público. Uno de estos procedimientos es el negociado, que faculta a los licitadores a negociar con la Administración en los términos establecidos por los pliegos reguladores del concreto concurso público.
Antes de presentarse a un concurso público en España, los licitadores deben conocer cuáles son los requisitos legales con los que deberán cumplir. Entre otros, la Ley de Contratos del Sector Público impone la acreditación de su solvencia económica y financiera. Esta condición, que se concreta en los pliegos del concurso público, puede cumplirse con medios del propio licitador o con medios de un tercero.
La modificación sustancial de los pliegos que rigen un concurso público concreto, requiere de un procedimiento específico que ha de ser observado por el órgano de contratación para no vulnerar los derechos de los licitadores y mantener así los principios de igualdad y transparencia.
La licitación es el procedimiento mediante el cual el órgano de contratación selecciona la oferta económicamente más ventajosa, sin negociación, sobre la base de criterios objetivos previamente indicados.
La contratación pública en España es un procedimiento muy regulado en el cual los entes públicos suscriben un contrato público con un determinado ente privado para satisfacer necesidades concretas de servicios, obras, suministros, etc.
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