El RD 1183/20 establece que las instalaciones de consumo y demanda en España, al igual que las de generación o almacenamiento, deben presentar una garantía económica ante las autoridades competentes, equivalente a 40€/kW.
El almacenamiento de energía es un elemento esencial en la transición hacia un sistema energético más sostenible. Exploramos el marco regulatorio vigente en España y analizamos los métodos de almacenamiento de energía y las condiciones específicas para su implementación.
En el sistema CAE, el “sujeto delegado” es el agente que puede asumir, por delegación, los objetivos de ahorro energético de los sujetos obligados. Este artículo aborda los requisitos que debe cumplir cualquier persona jurídica para obtener la acreditación como sujeto delegado.
En España, una vez que los Certificados de Ahorro Energético (CAE) han sido validados y correctamente inscritos en el Registro Nacional de Certificados de Ahorro Energético, pueden ser objeto de compraventa.
En España, la actividad del sujeto delegado en el sistema CAE se implementa mediante la firma del denominado contrato de delegación, donde se instrumenta la obtención de los ahorros comprometidos, de acuerdo con el RD 36/2023. El artículo 10 de este real decreto pormenoriza las peculiaridades que revisten este contrato.
El contenido mínimo del Convenio CAE, destinado a la adquisición o cesión de un ahorro energético por parte de un sujeto delegado o un sujeto obligado, se fija en la Orden TED/815/2023, de 18 de julio, que desarrolla parcialmente el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, regulador del sistema de Certificados de Ahorro Energético en España.
El sistema de certificados de ahorro energético (CAE) es un mecanismo que incentiva la inversión de las empresas en eficiencia energética bajo la tutela del gobierno de España. Funciona a través de la emisión de certificados electrónicos (CAE), que acreditan el ahorro de energía final obtenido tras la realización de una actuación de eficiencia energética. Además, implica la creación de un nuevo mercado con relevancia económica, donde comercializar estos instrumentos con terceros.
El RD 184/22 establece un nuevo marco legislativo para aquellas empresas que quieran introducirse en el mercado español como proveedores de servicios de recarga de vehículos eléctricos. Esto incluye una serie de obligaciones y derechos en la prestación de dichos servicios.
Convertirse en proveedor de servicios de balance bajo Red Eléctrica Española implica satisfacer criterios específicos que abarcan aspectos financieros, técnicos y legales, así como demostrar solvencia económica y capacidad técnica y operativa. También se necesita la autorización de acceso a la red eléctrica y el estricto cumplimiento de la normativa para garantizar la transparencia y eficiencia en el suministro eléctrico.
En línea con la estrategia europea para aumentar la producción y uso de energía renovable, la Comisión Europea ha promovido el uso de electricidad de origen renovable en la producción de combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico, como el hidrógeno. Para ello, ha definido los requisitos que deben reunir el hidrógeno y otros combustibles basados en hidrógeno para ser considerados “verdes”, reduciendo parte de la incertidumbre legal existente.
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