El ámbito de los proyectos de energías renovables en desarrollo en España está experimentando profundos cambios y medidas que podrían perfilar una nueva dinámica en la tramitación y obtención de permisos ambientales.
Es importante destacar que el importe de las garantías necesarias para la tramitación de proyectos fotovoltaicos en España asciende a 40€ por kV, una cantidad significativa en proyectos con grandes capacidades.
Hasta hace unos meses, numerosos proyectos en España se encontraban en riesgo debido a la demora de las administraciones públicas en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA). Ante el clima de malestar e incertidumbre entre las empresas del sector renovable, el Gobierno español ha tomado dos importantes medidas:
- La aprobación masiva de DIA en un gran número de proyectos, tanto por parte del Gobierno (en aquellos con capacidad superior a 50 MW), como por parte de las Comunidades Autónomas (en proyectos con capacidad inferior a 50 MW) – una acción criticada por los principales actores del sector por considerarla una chapuza
- La aprobación de nueva normativa para agilizar la tramitación de DIA y permisos ambientales en proyectos renovables, el principal escollo a nivel burocrático y temporal a la hora de desarrollar un proyecto de energía renovable en España.
Nueva normativa para el otorgamiento de permisos ambientales
Dado el contexto anterior y la necesidad de la Unión Europea de reducir su dependencia energética, se han aprobado dos normas para acelerar la tramitación de permisos ambientales en proyectos de energía renovable: el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania (RDL 20/2022) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22685 ) y el Reglamento (UE)2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables.
Novedades del RD 20/2022
Entre las novedades que introduce el RD 20/2022 cabe destacar:
- La implementación de un procedimiento específico aplicable tanto por el Gobierno central como por las Comunidades Autónomas (de forma facultativa) que permite determinar la posible afección ambiental de cada proyecto desde el inicio. De no apreciarse efectos nocivos para el medio ambiente, se podrá continuar con la tramitación del proyecto
- La tramitación conjunta de la solicitud de autorización administrativa previa, la licencia de obras y construcción y la declaración de utilidad pública, cuando proceda
- En caso de que el permiso ambiental sea favorable, la reducción temporal de los plazos de otorgamiento de permisos. Por ejemplo, mediante la tramitación simplificada o la reducción de los plazos del procedimiento de información pública.
Es importante destacar que estas normas no tienen vocación de permanencia, sino que establecen un régimen temporal para favorecer y agilizar los proyectos de energías renovables que se inicien en los años 2023 y 2024. Por lo tanto, es recomendable que los inversores, promotores o desarrolladores de proyectos de energía renovable en España aprovechen estas nuevas ventajas legislativas, especialmente teniendo en cuenta su corta vigencia.
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