Los derechos de los accionistas minoritarios en España incluyen, entre otros, obtener documentación e información, solicitar la presencia de un notario en la junta o darse de baja de la sociedad.
Aprovechando la convalidación de la ley relativa al teletrabajo se ha modificado el artículo 40 de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Este apartado entrará en vigor el 1 de octubre de 2021 (D.F. 14.ª Ley 10/2021, de 9 de julio) sin efectos retroactivos.
Las cláusulas del contrato de arras recogen las condiciones de la futura operación inmobiliaria. Entre otros: la descripción del inmueble, la identificación de las partes o las condiciones de la compraventa.
Inagotable, autóctona, limpia, segura, compatible y adaptable son sólo algunas de las características de la energía eólica; una importante fuente de energía para la transición ecológica europea y mundial y para la que España lidera la producción.
En España y al amparo de lo establecido en el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas tienen la facultad de controlar a sus trabajadores. Los nuevos avances técnicos y tecnológicos, sin embargo, limitan dicho poder en función de las formas de control adoptadas.
Para poner freno a la insolvencia, España pone a disposición de las empresas una serie de medidas económicas, laborales, contractuales, societarias, procesales y fiscales. Se suman a ellas nuevas medidas económicas y procesales derivadas de la legislación Covid-19.
En España, la tendencia a la digitalización del derecho de sociedades introducida por la reforma de la Ley de Sociedades de Capital de 2011 se ha visto impulsada con nuevos mecanismos para la digitalización de las empresas.
El cash pooling no está formalmente regulado en la legislación española; este tipo de contrato tiene particularidades con los contratos de cuenta corriente, comisión mercantil y préstamo.
La presentación y admisión de la autorización administrativa previa, la declaración de impacto ambiental favorable o la autorización administrativa de construcción son algunos de los requisitos administrativos que establece el nuevo RDL 23/2020.
El Real Decreto 901/2020 tiene como objetivos reducir la disparidad salarial y lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, estableciendo un contenido mínimo de los planes de igualdad.
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