Mientras que en 2021 los planes de igualdad de género y los registros salariales pasan a ser obligatorios para las empresas, los expedientes de regulación temporal de empleo se prorrogan hasta finales de mayo.
En tiempos de la pandemia COVID 19, el arbitraje resalta como una alternativa útil para la resolución de los conflictos jurídicos entre empresas frente a la jurisdicción ordinaria, que ha sufrido una ralentización evidente en sus procesos y no brinda la respuesta rápida y eficaz que demandan los operadores del mercado.
El Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva incorpora la obligación para todas las empresas, independientemente del número de empleados, de establecer un registro retributivo desagregado por sexo y por categorías profesionales.
La cesta de navidad no tiene per se la consideración de derecho adquirido de los trabajadores, sino que habrá que analizar caso por caso las circunstancias concretas de su regulación en cada empresa.
El RD 901/2020 sobre planes de igualdad y su registro en España establece, entre otros, que todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán implantar un plan de igualdad antes del 1 de marzo de 2022.
El RD 902/2020 de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres establece, entre otros, que todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán disponer de un registro retributivo de todos sus empleados, incluidos directivos y altos cargos.
El Real Decreto-ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo contempla prórrogas para los ERTE por Fuerza mayor y los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al COVID-19, e introduce los ERTE por impedimento o limitaciones de actividad.
La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha incrementado exponencialmente el trabajo a distancia y en particular el teletrabajo en España. Sin embargo, su falta de regulación puede derivar en una inseguridad jurídica tanto para la empresa como para el trabajador. Es por ello que el Gobierno se ha visto en la necesidad de regular este tipo de trabajo.
El Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio contempla medidas laborales específicas para mitigar el impacto de los nuevos rebrotes por COVID-19 en la actividad de las empresas españolas: los ERTE por fuerza mayor y los ERTE por rebrote.
El Estatuto de los Trabajadores concede a los representantes de los trabajadores la prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto al resto de trabajadores. Sentencias recientes en España limitan esta prerrogativa en los ERTEs del COVID-19.
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