El acoso se presenta actualmente como uno de los principales problemas a los que las empresas deben de hacer frente. Es por ello altamente recomendable que dispongan de un protocolo de prevención y actuación por acoso que deberá activarse cuando se detecte una conducta conflictiva.
La posibilidad de reclamación del cobro de lo indebido se basa en el vínculo jurídico entre la persona que recibe lo que no tenía derecho a recibir y aquella que paga por error. Queda recogida en los artículos 1895 y 1901 del Código Civil.
El objetivo de los pactos de permanencia vinculados a la formación es promover un mayor grado de especialización de los trabajadores y garantizar la amortización del gasto soportado por la empresa. Para que los pactos sean válidos, se han de observar una serie de requisitos legales.
Nota informativa sobre el Real Decreto-Ley 18/2020 de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que introduce modificaciones a los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020.
Entre las medidas aprobadas por el gobierno tras el decreto del estado de alerta en España, cobra especial relevancia la suspensión temporal de los contratos de trabajo o ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).
La regulación comunitaria y, por transposición, la española, permiten a la empresa el uso de la firma electrónica cualificada como instrumento plenamente eficaz y válido a nivel jurídico para firmar contratos y otros documentos laborales.
La jornada laboral a la carta pone de nuevo en jaque a las empresas en España. Más allá del impacto en la organización de jornadas y turnos, las demandas de los trabajadores pueden llegar a proporcionar garantías de indemnidad ante posibles despidos.
El RD Ley 8/2019 de 8 de marzo de 12 de mayo de 2019 establece que todas las empresas que desarrollen una actividad en España deben llevar un registro diario de la jornada de trabajo de sus trabajadores.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, en su disposición adicional decimosexta (la «DA 16») establece, para las empresas que realicen expedientes de regulación de empleo que afecten a trabajadores de cincuenta años de edad en adelante, la obligación de efectuar una aportación económica al Tesoro Público.
Las empresas contarán con la posibilidad de establecer una doble escala salarial respecto de las nuevas incorporaciones, siempre y cuando respeten lo previsto en la legislación y en los convenios colectivos que resulten aplicables.
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