La justicia española comienza a poner en entredicho la jornada laboral a la carta al apreciar que las causas organizativas fundamentadas por la empresa son más relevantes que las finalidades alegadas por los trabajadores que solicitan la adaptación de su horario.
El registro de la joranda de trabajo modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. La medida establece que las empresas deben garantizar el cumplimiento de los límites establecidos en materia de tiempo de trabajo.
El nuevo Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre determina la inclusión en el Sistema de Seguridad Social de las personas que realicen prácticas formativas, prácticas no laborales, o prácticas académicas externas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación.
El Estatuto de los Trabajadores establece el procedimiento a seguir ante la modificación de las condiciones pactadas en el contrato de trabajo, así como la extinción del contrato de trabajo, cuando dicho procedimiento afecte a la colectividad de trabajadores.
El Tribunal Supremo ha dictado recientemente su primera sentencia sobre la cuestión de la negociación de buena fe por pate de los representantes de los trabajadores: si no hay ocultación maliciosa, nada impide que en la demanda se invoque la existencia de un grupo laboral de empresas.
El procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo viene precedido por un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores de duración no superior a quince días.
El grupo laboral de empresas es un fenómeno distinto al grupo de empresas y tiene repercusiones muy significativas en un proceso de despido colectivo en España. El siguiente artículo aclara la responsabilidad de la empresa perteneciente a un grupo mercantil en un supuesto de despido colectivo.
La edad es uno de los criterios establecidos por las empresas para designar a los trabajadores afectados por un procedimiento de despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Cuando los trabajadores tengan 55 años o más, el empresario está obligado a suscribir un convenio especial.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de febrero de 2018 (Asunto C-103/16) estableció que la legislación española que permite la inclusión de embarazadas en el marco de un ERE es ajustada a la Directiva 92/85.
El grado de control que las empresas pueden ejercer a través de los códigos de conducta es limitado. Quedan al margen de los mismos las actividades paralelas de los trabajadores en calidad de docentes o conferenciantes, o sus declaraciones en medios de comunicación o redes sociales.
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