Adquirir una sociedad preconstituida permite ahorrar un tiempo considerable ya que los trámites para constituir una nueva sociedad en España requieren varios meses. Esta reducción de plazos minimiza la responsabilidad ilimitada que asumen los accionistas y acelera los tiempos de puesta en marcha de la actividad mercantil.
Con la reforma del código penal y la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las funciones de supervisión y gestión del cumplimiento normativo, en manos del compliance officer, adquieren una relevancia muy significativa para las empresas.
A través del presente artículo se pretende describir brevemente el proceso de disolución y liquidación previsto en la LSC como mecanismo para poner fin a la actividad empresarial de una sociedad en España, así como aclarar su principal diferencia con el proceso de liquidación en sede concursal.
La reforma del Código Penal en España ha reforzado la importancia del compliance. En efecto, se desprende concretamente del artículo 31 bis del Código Penal que todas las sociedades están obligadas a aplicarlo o a reforzar programas que tengan como objetivo el respeto a las leyes, so pena de incurrir en responsabilidad penal.
Las sociedades laborales y participadas, reguladas en España por la Ley 44/2015, pueden ser anónimas o limitadas. Se distinguen dos clases de socios: los trabajadores con contrato indefinido que ostentan acciones de clase laboral, y los que no lo son y tienen en propiedad acciones de clase general.
Las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) son sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos inmobiliarios para su arrendamiento. La evolución de este tipo de inversiones en el último año las han convertido en los nuevos protagonistas del sector inmobiliario dadas su rentabilidad estable y liquidez.
La convocatoria judicial de la junta general de socios está regulada en España en los artículos 169 y 170 de la Ley de Sociedades de Capital.
La entrada en vigor de la nueva de Sociedades Laborales y Participadas en España ha establecido un nuevo marco jurídico para estas entidades societarias, introduciendo importantes novedades y mejoras que suponen un impulso a esta forma de hacer empresa y complementan las tipos societarios ya existentes.
El régimen fiscal especial al que pueden acogerse las SOCIMI consiste en un tipo de tributación del 0% en el Impuesto de Sociedades y de una bonificación del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, entre otros.
Las normas de admisión a negociación y mantenimiento de las SOCIMI en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) establecen entre otros la obligación de las SOCIMI a firmar un contrato con un proveedor de liquidez, con el objetivo de aportar liquidez y reducir las variaciones en el precio que no se deban a la propia tendencia del mercado.
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