La Directiva para consumidores y usuarios está regulada en España a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Las continuas modificaciones afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas.
Este artículo pretende reflejar las relaciones entre dos normativas que en principio no tienen nada en común, pero que están llamadas a entenderse, bien porque así lo decide el legislador, bien porque es esencial para el buen funcionamiento del negocio del sujeto obligado.
Los derechos de autor en España regulan los derechos morales y patrimoniales que corresponden por ley al creador de una obra, ya sea ésta literaria, artística, musical, científica, etc. Con la armonización de las Directivas europeas se refuerza la protección de los derechos de autor en España y en todo el territorio europeo.
Los derechos de propiedad intelectual no sólo protegen los derechos de autoría del creador de una obra –libro, escrito, composición musical, obra dramática, audiovisual, escultura, coreografía, escultura, obra pictórica, planos, maqueta, mapa, fotografía, programa de ordenador o base de datos- sino que otorgan a su creador, la retribución económica que les corresponde por la realización de sus obras y prestaciones.
Con la nueva ley de prevención del blanqueo de capitales y la creación de la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales, muchos profesionales, como los abogados, están obligados a informar sobre cualquier actividad susceptible de estar relacionada con el blanqueo de capitales.
En España no existe ninguna ley específica que regule el delito de suplantación de la identidad digital; no obstante el Código Penal español recoge varios artículos que permiten defender los derechos de los ciudadanos en Internet.
La Ley 34/2002 incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento y Consejo Europeos relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico. En ella se regulan las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, así como las acciones y sanciones contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.
Tras la reforma del régimen sancionador de la LOPD, cuya potestad recae en la Agencia Española de Protección de datos, se establece que estarán sujetos al régimen sancionador de la LOPD tanto los responsables de los ficheros (entidades que traten datos personales de forma directa) como los encargados del tratamiento de dichos datos (entidades que tratan datos personales por encargo).
Dos comercios electrónicos españoles han sido definitivamente sancionados por incumplir la nueva Ley de Cookies reformada en 2012. Los importes de ambas sanciones son de escasa entidad, pero son una llamada de atención para todos los comercios electrónicas para que pongan al día sus respectivas páginas. El siguiente artículo hace una somera descripción del supuesto y facilita una introducción para comprender como evitar cometer dichos errores.
Principales cambios que los empresarios en España deben tener en cuenta respecto al derecho de desistimiento de los consumidores y usuarios en comercios on-line.
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