En España existe un stock de entre 680.000 y 900.000 viviendas nuevas sin vender, según estimación oficial del Ministerio de Fomento, en un mercado que apenas se mueve. El pasado año se vendieron 361.831, la mitad que hace cinco años. El Gobierno busca fórmulas para dar salida a esta enorme cantidad de viviendas vacías y el Secretario de estado de Comercio, Jaime García Legaz ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de conceder la residencia temporal a aquellos extranjeros que compren una vivienda por un valor superior a 160.000 euros.
La medida, según reconoce el propio Gobierno, está pensada para atraer a ciudadanos rusos y chinos, que estarían dispuestos a pasar temporadas en España, preferentemente en la costa, sobre todo Mediterránea, donde se ubica la mitad de las viviendas vacías. El problema de este turismo de larga estancia es que necesitan un visado de entrada cada vez que vienen a España y la burocracia que eso conlleva hace que muchos potenciales compradores no se decidan a comprar.
De hecho, los ciudadanos rusos ya se sitúan entre los extranjeros no comunitarios que más viviendas compran en España. En 2011 adquirieron 1.645 viviendas, el 7,86% de las compradas por extranjeros, y las compraron, fundamentalmente con fines turísticos, en la costa. Se situaron en el cuarto puesto en cuanto a compra de inmuebles por extranjeros, sólo por debajo de tres países de la Unión Europea: Reino Unido, Francia y Alemania. La mitad de las viviendas adquiridas por ciudadanos rusos eran nuevas y la superficie de la mayoría de ellas excedía los cien metros cuadrados.
El perfil del comprador de vivienda chino es muy distinto, según las estadísticas del Ministerio de Fomento. Es un comprador que llega a España con fines laborales, ocupando el primer puesto entre los extranjeros que invierten en el mercado inmobiliario español por este motivo. Las viviendas que adquirieron los ciudadanos chinos en 2011, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, son en un 68% de segunda mano y con una superficie de entre 60 y 80 metros cuadrados y se sitúan en las grandes ciudades.
Esta medida ha sido acogida con mucha polémica por dos razones fundamentales, el miedo a que la medida de proporcionar el permiso de residencia temporal pueda ser utilizada por grupos mafiosos para instalarse en España, donde las mafias china y rusa junto con la colombiana e italiana, son consideradas los principales grupos criminales organizados. En efecto, esto se comprueba con la reciente desarticulación del grupo mafioso dirigido por Gao Ping en el que se conoció como Operación Emperador, que sacaba de España entre 200 y 300 millones de euros anuales, y que ha dejado al descubierto una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal, actividades en las que, según las estadísticas policiales, se centran actualmente las mafias chinas, junto a otras como prostitución, extorsiones, contrabando y falsificaciones.
Los grupos mafiosos rusos, o ex-soviéticos han elegido España, según el Centro Nacional de Inteligencia, como lugar de descanso y refugio y se dedican a principalmente al blanqueo de dinero y a la inversión inmobiliaria. El libro sobre la mafia rusa Palabra de Vor, escrito por Pablo Muñoz y Cruz Morcillo en 2010, señala que los criminales rusos evitan cometer asesinatos y otros delitos violentos en España, con el objetivo de poner a resguardo a sus miembros y mover el dinero que genera su actividad ilícita
Es lógico, con estos antecedentes que la iniciativa del Gobierno de conceder la residencia temporal a los extranjeros que compren casas de un valor superior a los 160.000 euros haya levantado polémica.
La residencia temporal está regulada en la Ley orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración Social, más conocida como Ley de extranjería. El artículo 31 de esta ley regula la residencia temporal, que en su punto 1 señala que la residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un periodo superior a 90 días e inferior a cinco años. Las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán renovarse, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias que motivaron su concesión. La duración de las autorizaciones iníciales, de residencia temporal, y de las renovaciones se establecerá reglamentariamente.
El punto segundo de este artículo regula la residencia temporal sin autorización de trabajo, que es la que la iniciativa del Gobierno propone para quienes compren casas de más de 160.000 euros. Dice este punto que La autorización inicial de residencia temporal que no comporte autorización de trabajo se concederá a los extranjeros que dispongan de medios suficientes para sí y, en su caso, para los de su familia. En estos supuestos, dice el punto 3 de este artículo, no será exigible el visado, que como hemos visto es una de las intenciones de la propuesta el Gobierno.
De esta forma, lo que hay que preguntarse es si era necesaria la medida de la compra de la vivienda, si ya con el hecho de tener recursos suficientes para mantenerse en España era suficiente para obtener el permiso de residencia temporal.
No hay que olvidar que el objetivo principal de esta medida es beneficiar a la economía española, incrementando el turismo, dinamizando a la vez el sector inmobiliario, origen de la crisis económica que sufre el país. Se pretende liquidar así una parte del stock de viviendas que aún frena las posibilidades de recuperación económica, ya que la mayoría está en manos de los bancos.
Es innegable que se necesita una vía para reflotar el sistema financiero y aunque esta medida ha sido muy criticada por sus oponentes, en realidad se está poniendo en práctica en otros países. En efecto, España no es pionera en este campo, sino que se inspira de la iniciativa de países de la Unión Europea, así como de otros no comunitarios. Podemos encontrar varios precedentes a este respecto, usados por los gobiernos para luchar contra la crisis económica que están viviendo los países occidentales desde hace ya algunos años.
No obstante, hay que matizar la adaptación que ha hecho cada país de este tipo de medida, no todos los casos son iguales y en la mayoría de los países esta suele ir unida a la idea de invertir, ya sea a través de la creación de empresas, o a través de la compra de una vivienda.
El modelo que más se acerca a la medida pretendida por el Ejecutivo español es la llevada a cabo por el Gobierno portugués, que modificó su normativa en septiembre de este mismo año. Portugal facilita ya hoy la concesión del permiso de residencia temporal a aquellos ciudadanos extranjeros que invirtieran en el país con la compra de un inmueble de un valor superior a 500.000 euros.
El país lusófono no ha sido el único en apostar por esta medida; Estados Unidos está a la espera de que el Congreso apruebe una propuesta para Mejorar las visas y Estimular el Turismo Internacional.
En la reforma se incluye un paquete de medidas en materia de inmigración pensada como soporte para las inversiones extranjeras en Estados Unidos. Se plantean aquí varios medios para obtener el visado de residencia, como abrir una sociedad en los Estados Unidos que cree puestos de trabajo. Esta es una de las vertientes de la medida que han adoptado países como Irlanda, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, que se suman a esta iniciativa, pero con una variación, ya que no se refieren a inversiones en el sector inmobiliario, sino a las inversiones empresariales, que creen empleo en el país. Por ejemplo, el Reino Unido cuenta con un sistema de inmigración por puntos, que beneficia a los ciudadanos que lleguen al país con el visado de categoría de inversores. De la misma manera, Francia propone una aportación económica excepcional y Alemania de interés económico general o necesidad regional como requisito para beneficiarse del permiso de residencia. Así se prevé que las actividades de estos ciudadanos extranjeros en el país tengan efectos positivos sobre la economía y que la financiación esté garantizada.
Además de esto, la propuesta estadounidense de Ley bipartidista, presentada por el Senador democrático por Nueva York, Charles Shummer y por el Senador Mike Lee, por Utah, consiste en conceder visas (Visa Visit Act) para inversores extranjeros que quieran comprar propiedades residenciales por un valor superior a 500.000 dólares en los Estados Unidos. El objetivo es aumentar la llamada del mercado inmobiliario americano para los inversores extranjeros que quisieran pasar temporadas en el país, sobretodo en la costa oeste, en destinos como Florida o San Marino.
A pesar de las críticas de esta reciente propuesta del Gobierno, esta medida puede contribuir a mejorar de alguna manera la preocupante situación del mercado inmobiliario español. Según las palabras del Senador Shummer: Crear condiciones ventajosas para así estimular a los extranjeros a que adquieran bienes inmuebles es un modo de crear nueva demanda sin aumentar los gastos del Estado, ni siquiera un céntimo.
Teresa del Riego
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